El Órgano Judicial reiteró el jueves 21 de julio de 2016 que está a la espera de los 20 millones de dólares solicitados para completar la implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en todo el país.
Y es que el 2 de septiembre próximo entrará en vigencia el SPA en el Primer Distrito Judicial, que incluye las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste, el distrito de San Miguelito y las comarcas indígenas.
A través de un comunicado, el Órgano Judicial hizo hincapié en que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se ha pronunciado en distintos escenarios en el sentido de que el Ejecutivo entregaría los recursos económicos necesarios para concluir la puesta en marcha del SPA.
Asimismo, destacó que en este 2016 se reiteró la «necesidad» de los 20 millones de dólares en una reunión sostenida entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el ministro de la Presidencia, Dulcidio De la Guardia, la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, así como con autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Gobierno, y la Contraloría General de la República.
En enero pasado, el magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, le mandó una carta al titular del MEF en la que le solicita un crédito suplementario por 30 millones de dólares para hacer frente a dos iniciativas: $10 millones para implementar la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial, y otros $20 millones para el SPA.
Dicha nota de Ayú Prado precisó que los proyectos son parte del plan estratégico del Gobierno de Panamá 2015-2019, en el tema de gobierno y desarrollo «hacia una gestión moderna del sector público de Panamá, en el área de justicia y seguridad».
«La necesidad de esos 30 millones de dólares (20 millones para el SPA y 10 millones para la carrera judicial) fue explicada en el año 2015, en la vista presupuestaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y luego ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional», subrayó el Órgano Judicial en su boletín.
El presupuesto del Órgano Judicial para este año fue recortado en $138 millones y quedó en $119 millones. Inicialmente, se habían pedido $257 millones.
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