El conflicto armado que persiste en la República de Colombia desde hace medio siglo ha suscitado el desplazamiento del 10% de su población hacia naciones vecinas, en busca de protección.
Uno de los países preferidos por los colombianos víctimas de los enfrentamientos entre la milicia, las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, es Panamá.
Estadísticas de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar) de Panamá, desde el año 2000 hasta la fecha, revelan que Panamá ha cobijado a 1,930 colombianos y colombianas autoproclamados víctimas de conflictos armados en su país.
La cifra comprende el 85% de los refugiados reconocidos por esta oficina, adjunta al Ministerio de Gobierno.
El restante 15% de las víctimas ha optado por ubicarse en otros países como Venezuela, Cuba y, en menor número, en países asiáticos.
La Oficina de las Naciones Unidas para la atención a Refugiados (Acnur), con sede regional en Panamá, sostiene que estos números son solo una muestra de lo que realmente ocurre, en cuanto a movimientos de desplazados hacia Panamá.
La posición geográfica y factores como la economía ‘dolarizada’ son, según la Acnur, el principal atractivo para los desplazados.
No obstante, la selva del Darién sirve como barrera que evita un oleada mayor de refugiados, por lo que, según un portavoz de esta oficina, quienes se desplazan hacia Panamá buscan otros mecanismos migratorios para obtener el asilo.
El Sistema Nacional de Migración mantiene el registro de unos 4,400 colombianos y colombianas con un estatus legal de estadía prolongada en el país, cifra a la que la Acnur se refiere como ‘‘otros mecanismos migratorios” para obtener el asilo.
OTRAS CAUSAS
Desde el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) se han detectado otras causas que motivan a los refugiados de distintas procedencias a dirigirse a Panamá.
La violencia de género es una de ellas.
‘Casi el 50% de los refugiados del país son mujeres que han huido con sus hijos, por motivos de violencia’, asegura Eyra Harbar, abogada especialista en protección internacional de este instituto.
El Estado panameño, por convenciones internacionales, está obligado a no devolver al país de origen a las personas que clamen refugio hasta que su caso sea evaluado.
Pero, desde el año 2010 a la fecha, una oleada de migrantes económicos se confunden con quienes solicitan refugio, prolongando de algún modo el periodo de espera para la aprobación de este beneficio.
El año pasado fueron reconocidas unas 1,240 peticiones.